LOS ASESORES FISCALES SOLICITAN QUE SE REFORME EL REGIMEN DE OPERACIONES VINCULADAS

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha mostrado su preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la tipificación y el régimen de sanciones en la regulación de las denominadas operaciones vinculadas -las realizadas entre empresas relacionadas entre sí o sometidas al mismo poder de decisión-, en una sentencia dictada por el TC el pasado mes de julio. El tribunal de garantías reconoció, entonces, la constitucionalidad y aplicabilidad de la norma reguladorade la obligación de documentar las operaciones vinculadas, así como su régimen sancionador. 

El Pleno del tribunal de garantías desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Por su parte, el Supremo paralizó el procedimiento abierto a raíz de un recurso formulado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles al surgir entre los magistrados dudas respecto al encaje constitucional de los apartados 2 y 10 del artículo 16 del Real Decreto. En concreto, las dudas se centraban en la posible vulneración de los principios de legalidad sancionadora y de proporcionalidad que la Constitución establece en su artículo 25.1.

En la sentencia, el TC aprovecha para calificar la normativa de operaciones vinculadas como un mecanismo de elusión fiscal, lo que resulta cuestionable para AEDAF puesto que “al considerar el régimen de operaciones vinculadas como un mero método antielusivo, se aparta claramente de la tendencia seguida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

En el marco de la OCDE este régimen es contemplado como un medio destinado a la correcta asignación de bases imponibles entre distintas jurisdicciones, cuyo objetivo es determinar de forma adecuada la valoración de operaciones entre partes vinculadas, sin que pueda suponerse a priori, a diferencia de lo que presume el régimen español, una intención fraudulenta en el incumplimiento de esta obligación.

Además, los asesores fiscales advierten que, para el TC, la obligación de documentación no es un medio de dicha asignación de bases imponibles sino que se convierte en un fin en sí misma cuyo incumplimiento puede ser objeto de sanción, “dejando el campo abierto a la Administración para la incoación de expedientes sancionadores por no aportar o aportar de forma incompleta la documentación relativa a sus operaciones entre partes vinculadas”. Además, señalan que “el TC no resuelve todas las dudas sobre la legalidad del Reglamento y deja en manos de los tribunales ordinarios el pronunciamiento sobre la proporcionalidad entre la infracción y la sanción legalmente establecida. Cuestión sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo”.

Para AEDAF, en caso de confirmarse la legalidad del Reglamento, ello se materializará en un notable incremento de la litigiosidad por parte de los contribuyentes y al mismo tiempo, en la posibilidad de que no toda omisión de datos tenga el carácter de sancionable, aunque la norma así lo establezca.

Ante esta problemática, la Asociación considera necesario reformar el régimen de operaciones vinculadas, y en particular sobre la obligación de documentación para acercar la normativa española a las más recientes directrices de la OCDE contenidas en el Plan de Acción del “Proyecto BEPS” emitido por este organismo el pasado 19 de julio. Este plan de acción recoge 15 medidas tendentes a continuar luchando contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios entre las distintas jurisdicciones, una de las cuales hace referencia a la necesidad de simplificar y armonizar las obligaciones de documentación para hacerlas más efectivas y ahorrar costes a los contribuyentes.

La postura que anticipa la OCDE respecto a las obligaciones de documentación sigue la línea de reforma contenida en la Propuesta de modificación del Artículo 16 TRLIS que realiz ó la AEDAF en el año 2011 en relación a la simplificación y flexibilización de la documentación en materia de precios de transferencia y de su régimen sancionador, por lo que AEDAF considera necesaria la modificación de nuestro régimen, en el sentido de configurar la obligación de documentación como un instrumento que acredite la buena fe del contribuyente en el cumplimiento de la compleja normativa material de los precios de transferencia.

Finalmente, y mientras se mantenga la vigencia del actual régimen sancionador, según AEDAF “es recomendable, extremar la prudencia por parte de la Administración en la aplicación del mismo, para evitar un incremento indeseado de la litigiosidad en un ámbito respecto del que, tanto el TC como el TS, han arrojado ya serias dudas sobre la idoneidad del mismo”.

 

Fuente. www.diariojuridico.com

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